Deudas dinerarias (dinero, no cosas), vencidas (el plazo de pago ya pasó) y exigibles (no dependen de ninguna condición pendiente), acreditadas con algún documento: facturas, contratos, albaranes, presupuestos aceptados, reconocimientos de deuda o comunicaciones donde el deudor la admita. Sirven tanto deudas de empresas y autónomos como de particulares.

No hay mínimo legal: el monitorio sirve desde el primer euro, aunque por sentido práctico solemos recomendar reclamar a partir de 150–200€. No hay máximo para nuestro servicio de cobro amistoso y monitorio; ten en cuenta que en deudas superiores a 2.000€, si el deudor se opone judicialmente, la ley exige abogado para continuar (te lo explicamos con detalle en Cómo funciona).

La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad establece que, en operaciones comerciales entre empresas o autónomos, el acreedor tiene derecho automático a una indemnización fija de 40€ por cada factura impagada en concepto de costes de cobro, más el interés de demora legal. No hace falta pactarlo ni reclamarlo por adelantado: nace por ley. En deudas con particulares no aplica.

Puedes ver cuánto suman en tu caso, junto con los intereses, en la calculadora de intereses de demora.

Depende del tipo: como regla general, las deudas entre empresas o con particulares sin plazo especial prescriben a los 5 años desde que pudieron reclamarse; algunas tienen plazos distintos. Cada reclamación (por burofax, por ejemplo) interrumpe la prescripción y el plazo vuelve a empezar. En el análisis gratuito te indicamos la información general sobre plazos aplicable a tu tipo de deuda.

Si quieres salir de dudas ahora mismo, comprueba tu fecha en la calculadora de prescripción.

Para el cobro amistoso, no. Para la petición inicial del procedimiento monitorio, tampoco, sea cual sea el importe (art. 814 de la Ley de Enjuiciamiento Civil): existe incluso un impreso normalizado oficial pensado para que el ciudadano lo presente por sí mismo. En deudas de hasta 2.000€, tampoco lo necesitas si el deudor se opone (juicio verbal) ni para la ejecución. Solo es obligatorio en deudas superiores a 2.000€ con oposición del deudor.

Desde abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige acreditar un intento de solución previo (Medio Adecuado de Solución de Controversias) antes de presentar una demanda civil, y los juzgados lo están aplicando también al monitorio. Un requerimiento de pago fehaciente por burofax, con su justificante, cumple esta función. Nuestro servicio de requerimiento fehaciente está diseñado exactamente para dejarte este requisito acreditado.

Tú, en tu propio nombre: es lo que la ley permite hacer sin abogado. Nosotros te la entregamos cumplimentada y con una guía paso a paso para presentarla presencialmente en el juzgado del domicilio del deudor o por vía telemática si tienes certificado digital. Es más sencillo de lo que parece: es entregar un formulario con sus documentos adjuntos.

Son los dos momentos en los que más gente se queda bloqueada, y tienen solución. Si el deudor responde a tu reclamación —dice que ya pagó, que el trabajo no estaba bien o que le des más tiempo—, preparamos tu respuesta rebatiendo punto por punto lo que alega. Y si presentaste un monitorio y se ha opuesto, dispones de diez días desde el traslado para impugnar esa oposición por escrito: también lo cubrimos, siempre que la cuantía no supere los 2.000€, porque por encima de ese importe la ley exige abogado y procurador. Tienes ambos en Precios.

El cobro amistoso, 30 días. El requerimiento fehaciente, unos días más. En el monitorio, una vez admitida la petición, el juzgado requiere al deudor, que tiene 20 días hábiles para pagar u oponerse; los tiempos de admisión varían según la carga de cada juzgado (desde semanas hasta algunos meses). La mayoría de los casos que llegan a requerimiento judicial terminan en pago sin llegar a más.

Es el riesgo real de toda reclamación: un título judicial no fabrica solvencia. Si el deudor es insolvente, la ejecución puede no encontrar bienes que embargar. Por eso en el análisis gratuito te ayudamos a valorar si merece la pena reclamar, y por eso nuestra comisión principal es a éxito: compartimos el riesgo contigo.

No, y te lo decimos en grande y no en letra pequeña. Recobria es una plataforma tecnológica de asistencia documental y gestión de cobro. No prestamos asesoramiento jurídico personalizado ni te representamos ante el juzgado: preparamos tus documentos e información general para que actúes en tu propio nombre. Cuando un caso necesita abogado, te lo decimos claramente y eliges tú al profesional.

Nuestra IA extrae los datos de tus documentos y cumplimenta las reclamaciones y formularios sobre plantillas revisadas, siempre con supervisión humana antes de cualquier envío. No improvisa contenidos jurídicos: trabaja sobre modelos fijos, que es como se consigue precisión y seguridad.

Con el rigor que exige el RGPD: los datos del deudor se usan exclusivamente para gestionar el cobro de tu crédito, que es un interés legítimo reconocido, con comunicaciones respetuosas, en horarios razonables y con sus derechos intactos. En ese tratamiento tú actúas como responsable y Recobria como encargado, conforme al artículo 28 del RGPD y al contrato de encargo de nuestras condiciones generales. Nada de listas públicas ni prácticas de presión ilegítimas: además de ilegales, no funcionan.

Dos componentes: el precio del servicio que uses (desde 9€) y una comisión de éxito del 10% (mínimo 25€) solo sobre lo que recuperes. El dinero va siempre directo de tu deudor a ti; después te facturamos la comisión. Si no cobras, no hay comisión.